
Ángela María Buitrago presentó su renuncia como ministra de Justicia y del Derecho, marcando el tercer relevo en esta cartera durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Su salida, efectiva desde el 1 de junio, no fue silenciosa. En una carta dirigida al mandatario, Buitrago dejó en claro que su decisión respondía a una profunda reflexión personal y profesional, pero también a lo que calificó como intromisiones inaceptables en su gestión.
«Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos», escribió con firmeza. La verdad es que su mensaje resonó con fuerza en redes sociales, donde muchos interpretaron sus palabras como un llamado a defender la independencia de las instituciones.

Pero, ¿quiénes estaban detrás de esas presiones? En entrevista con Caracol Radio, Buitrago reveló que tanto Armando Benedetti, ministro del Interior, como Angie Rodríguez, directora del Dapre, le habrían exigido el despido de un funcionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios. «Armando Benedetti me llama y me dice que por orden del presidente hay que sacarlo», relató. Además, mencionó intentos por remover a Alexander Rivera, director de Política de Drogas, a quien defendió por su rigor técnico.
El último encuentro con Petro fue breve: un intercambio en un helicóptero en Acacías donde ella le expresó su deseo de seguir en el cargo, pero sin injerencias. Sin embargo, la conversación no avanzó.
Y es que, según fuentes cercanas, las diferencias entre ambos venían creciendo desde marzo, especialmente por los debates en torno a la política de Paz Total. Mientras Petro abogaba por mecanismos flexibles para la desmovilización de grupos armados, Buitrago habría insistido en mantener los marcos legales tradicionales, temiendo un debilitamiento del sistema judicial.