
El futuro de la reforma laboral, aquel proyecto que se consideraba hundido tras la votación de los partidos en el Congreso, ha tomado un nuevo rumbo.
Tras un cambio de parecer, aquellos partidos decidieron revivirla a través de una apelación. Este giro inesperado significa que el trámite de la reforma ahora recae en la Comisión Cuarta del Senado. Es allí donde deberá surtirse el tercer debate, un paso crucial que definirá cuánto del proyecto original presentado por el gobierno logrará mantenerse en pie, y cuánto será recortado. Solo después de esto podrá aspirar a pasar al cuarto y último debate en la plenaria.
La decisión de que el proyecto cayera en la Comisión Cuarta provino del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Curiosamente, fue Cepeda quien previamente había solicitado que se rechazara la apelación que le dio una segunda vida a la reforma. Esta comisión está compuesta por quince senadores, y la preside, nada menos que, Angélica Lozano. Y he aquí un detalle importante: la balanza, dentro de esta comisión, tiende a inclinarse en contra de los intereses del gobierno.

Al adentrarse en la composición de la Comisión Cuarta, se observa que la única aliada que el gobierno parece tener de forma fiel es Aida Abella, representante de la UP. El resto, la verdad es que, son senadores provenientes de partidos de oposición o catalogados como independientes.
Esta configuración la convierte en una comisión compleja, «pareja», si se quiere, para los intereses gubernamentales, presentando un verdadero desafío para la aprobación del proyecto tal como fue concebido.
La representación partidista se distribuye de la siguiente manera: el partido Conservador cuenta con dos senadores, Cambio Radical con dos, el Centro Democrático con dos, el Liberal con tres, y La U también con dos.
Los miembros restantes son Paulino Riascos, quien, aunque es del Pacto Histórico, suele votar de manera independiente a su bancada; Richard Fualantala, el senador que ocupa la curul indígena; y, por supuesto, la senadora Angélica Lozano, quien funge como presidente. Resulta interesante, además, que de los quince miembros de esta comisión, al momento de la consulta popular, seis votaron por el Sí, seis por el No, y tres decidieron no votar.
Ahora, la responsabilidad recae directamente sobre los hombros de la presidenta Lozano. Ella deberá asignar a los ponentes encargados de estructurar el debate y, sobre todo, tendrá que acelerar el trámite, porque, seamos honestos, el tiempo se agota de manera implacable. Los dos debates que le restan al proyecto deben llevarse a cabo en un plazo menor a 36 días. Desde este preciso momento, y es que es así como funciona, arranca el pulso político, esa batalla por cada línea, cada coma, cada artículo que compone el proyecto.