Autoridades analiza partidos a puerta cerrada en el Santiago de las Atalayas por violencia de barras visitantes.
Claudia Villada 
La ciudad de Yopal se encuentra en una encrucijada sobre su capacidad para albergar eventos de fútbol profesional tras los recientes incidentes violentos en el estadio Santiago de las Atalayas.
El pasado viernes, durante el encuentro entre Pereira y Once Caldas, la pasión deportiva se vio empañada por actos vandálicos que dejaron un saldo de siete personas lesionadas.
Entre los heridos se reportaron casos de caídas desde diferentes niveles, impactos con objetos contundentes y una persona herida con arma blanca, quienes fueron trasladados a centros asistenciales bajo un dispositivo de emergencia. Estos hechos, protagonizados por integrantes de la barra del equipo local que provenían de otros departamentos, encendieron las alarmas sobre la seguridad en el recinto.
La Comisión Asesora de Eventos Masivos del municipio se reunió para evaluar lo ocurrido y el panorama para el próximo compromiso contra el Atlético Nacional es incierto.
Jorge Andrés Rodríguez, secretario de Gobierno, manifestó que la posición inicial de la administración es realizar el próximo encuentro a puerta cerrada debido a que no existen plenas garantías de seguridad. Aunque se han realizado mesas de trabajo con representantes de los hinchas, algunos sectores no asistieron a las convocatorias formales, lo que aumenta la preocupación de las autoridades locales.
El veredicto final sobre si el público podrá ingresar a las tribunas o si se jugará en silencio se conocerá este jueves tras una nueva sesión de la comisión.
En caso de que se permita el acceso de aficionados, el rigor de las medidas de control se transformará radicalmente para intentar blindar la integridad de los asistentes.
Las autoridades contemplan prohibir el ingreso de menores de edad, mujeres en estado de gestación y personas en condición de vulnerabilidad para minimizar los riesgos en un estadio que presenta deficiencias logísticas. El secretario de Gobierno señaló que el estadio Santiago de las Atalayas no cuenta con toda la infraestructura necesaria para eventos de esta categoría, una situación similar a lo que ocurre en otros escenarios del país donde la seguridad se ve desbordada por la falta de protocolos estrictos.
La responsabilidad del evento también genera debate entre las entidades involucradas y la organización privada.
Mientras el municipio supervisa la logística y los planes de contingencia, el contacto directo con los equipos profesionales ha sido gestionado por el Instituto de Recreación y Deporte de Casanare, Indercas.
La Policía Nacional, por su parte, aclaró que aunque intervino para controlar los desmanes externos e internos, la seguridad privada contratada por los organizadores debe cumplir con estándares más rigurosos. La administración municipal enfatizó que, si bien el objetivo era dinamizar la economía local a través del deporte, los daños materiales y el riesgo a la vida obligan a una revisión profunda de los acuerdos vigentes.
