Cerrada la vía de acceso a Llano vargas, propietario dice haber comprado con visto bueno de Planeación Municipal.
Claudia Villada 
Habitantes del barrio Llano Vargas realizaron una protesta pacífica frente, denunciando que un particular cerró y cercó la salida por la carrera 42, dejando a cientos de niños sin acceso seguro a su colegio. Mientras la comunidad clama por el «bien común», el propietario asegura tener escrituras legales, que compró el predio al urbanizador y acusa falta de gestión por parte de la secretaría de planeación municipal.
Una batalla jurídica y social se avecina en el sector de Llano Vargas. La carrera 42, una vía que por más de 15 años ha servido como arteria principal de conexión con la calle 30, hoy se encuentra bloqueada por una cerca de alambre. La comunidad, indignada, denuncia que este cierre no solo es un atropello a su movilidad, sino un riesgo directo para la seguridad de los estudiantes.
Líderes comunales manifiestan que la vía fue construida y habilitada por la propia administración municipal hace años. Según los planos aprobados en planes parciales y resoluciones que datan desde 2019, la carrera 42 figura como una zona pública de libre tránsito.
La mayor preocupación radica en el inicio de la jornada escolar. «No son dos ni tres, son 80 o 100 alumnos que suben a pie todos los días hacia el colegio Braulio Campestre», denunció una habitante, explicando que ahora los menores deben dar una vuelta extensa por la carrera 40, exponiéndose a mayores peligros.
La comunidad sospecha de irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la oficina de Planeación Municipal, sugiriendo que se han modificado planos para favorecer intereses particulares por encima del derecho colectivo, pretendiendo, según ellos, apropiarse de lo que ya está designado como zonas verdes para lotearlo y venderlo a particulares.
«Prevalece el bien común sobre el bien particular», sentenciaron los vecinos, quienes ya instauraron un proceso judicial que se encuentra en curso.
La comunidad destaca que esta vía fue vital incluso para el suministro de agua durante la emergencia de la caída de la planta de agua potable en Yopal, lo que refuerza su carácter de uso público histórico.
Ante la polémica, el propietario del predio, que se identificó como Calderón Bejarano, rompió el silencio. Según su versión, la compra del terreno no fue reciente ni irregular, sino que se realizó legalmente en diciembre de 2020 ante la administración anterior.
El dueño presentó documentos, incluyendo certificados de nomenclatura y escrituras públicas, alegando que el lote de 689 metros cuadrados le pertenece legítimamente.
«Nosotros somos dueños de un predio y tenemos que cerrar porque vamos a construir«, afirmó el propietario, quien además desmintió que la comunidad no estuviera informada. Aseguró que hace dos años se le enviaron correos electrónicos con la documentación al presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC).
Respecto a la vía, el dueño sostiene que si Planeación Municipal permitió la venta de ese terreno, es la alcaldía y los funcionarios encargados son quienes deben responder a la comunidad y no él. «La propiedad privada se debe respetar… si la comunidad quiere una solución, la administración debe comprar el terreno o habilitar otra vía».
Mientras los habitantes amenazan con tumbar la cerca si no reciben soluciones prontas, el propietario advierte que cualquier acción de hecho será tratada como perturbación a la propiedad privada.
En este momento la comunidad de Llano Vargas tiene muchas mpas preguntas que respuestas; el plano que presenta el comprador como prueba, muestra ciertamente el trazado actual de la vía, lo que sugiere que sabía lo que estaba comprando; las miradas están puestas ahora en el juzgado que lleva el caso y en la Secretaría de Planeación, que deberá explicar cómo una vía presuntamente pública y transitada por décadas terminó en manos de un privado.
