CNE ordena pruebas sobre candidatura de Diego García por parentesco con funcionaria del Indercas.
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El Consejo Nacional Electoral ha decidido formalizar el estudio de una solicitud que busca frenar la carrera política de Diego Fernando García Alfonso hacia la Cámara de Representantes por Casanare. El magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga asumió el conocimiento del caso tras recibir una denuncia ciudadana que señala una posible transgresión al régimen de inhabilidades vigente en el país. Según los documentos oficiales, la controversia surge por un vínculo de sangre que podría interferir con la transparencia y el equilibrio del proceso electoral en la región.
La petición presentada por el ciudadano Luis Ariel Gómez Rodríguez sostiene que el aspirante, respaldado por la Coalición Alianza por Casanare, tendría un impedimento legal debido al cargo que ocupa su tía materna, Candida Liver Alfonso Montaña.
La funcionaria se desempeña actualmente como Subgerente Administrativa y Financiera del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare, INDERCAS, donde además cumpliría labores de control interno. La normativa electoral prohíbe que ciudadanos con parientes cercanos en cargos de autoridad civil o política compitan en la misma jurisdicción para puestos de elección popular.
Para esclarecer los hechos, el tribunal electoral ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la entrega inmediata de los registros civiles de nacimiento del candidato y de sus familiares directos en un plazo de veinticuatro horas. El objetivo de esta medida es verificar de manera técnica el parentesco alegado y contrastarlo con la información de nómina de la entidad deportiva departamental.
INDERCAS deberá certificar si la señora Alfonso Montaña posee capacidad de mando, ordenación del gasto o facultad disciplinaria, elementos fundamentales para determinar la validez de la candidatura investigada.
Diego Fernando García Alfonso cuenta con un plazo de un día hábil para ejercer su derecho a la defensa y aportar las pruebas que considere pertinentes ante el despacho del magistrado ponente.
Esta decisión administrativa se produce en un momento de tensión electoral, a pocos días de que se celebren los comicios legislativos el próximo 8 de marzo de 2026.
El futuro de esta curul en el Congreso de la República dependerá ahora de la celeridad con la que se analicen los documentos que definirán la integridad de la contienda en el departamento de Casanare.
