Durante la sesión plenaria realizada en el Concejo Municipal, donde se debatía la entrega de un predio de propiedad de la alcaldía, para la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Centro Social, la administración municipal de Yopal retiró formalmente el Proyecto de Acuerdo 006 de 2026, el cual buscaba habilitar la construcción de la estructura.
La decisión se tomó en medio de revelaciones técnicas que califican el proyecto como financieramente inviable y tras un acumulado de 6.241 millones de pesos gastados exclusivamente en el arrendamiento de sedes temporales durante los últimos años.
La Secretaria de Educación municipal calificó este gasto acumulado como «lesivo» para el presupuesto educativo, señalando que los recursos destinados a rentas han mermado la capacidad de inversión global en el sector. A esta carga fiscal se suma la advertencia del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), que calificó como «desproporcionado» el presupuesto de 56.000 millones de pesos planteado para la obra, indicando que con ese monto podrían construirse dos instituciones educativas.
El proyecto enfrentó una ponencia negativa del concejal Jesús Alberto Vega Hernández, quien desnudó los errores de los que nadie quiere hablar, fundamentando la inviabilidad jurídica de la propuesta, lo que le ha significado señalamientos en su contra a través de redes sociales.
Según el ponente, el terreno destinado para la obra está catalogado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente como una estructura ecológica con uso recreacional y de protección, lo que impide legalmente su uso institucional mediante un acuerdo individual emitido por el Concejo.
Vega advirtió que insistir en este procedimiento violaría la Ley 388 de 1997 y expondría a los funcionarios a procesos disciplinarios y penales por prevaricato.
Además de los obstáculos legales, existen cuestionamientos sobre la ubicación de la sede.
Informes técnicos sugieren que la zona céntrica de Yopal ya cuenta con instituciones educativas con capacidad suficiente para recibir la totalidad de los alumnos con los que actualmente cuenta el Centro Social, mientras que la verdadera necesidad de infraestructura se concentra en las comunas 6 y 7.
Algunos sectores advierten que la persistencia en este proyecto específico se ha convertido en un «compromiso político» y un «costoso capricho» que ha dilatado soluciones reales para la comunidad estudiantil.
Tras la aprobación del retiro del proyecto por parte del Concejo Municipal con 11 votos a favor, se ha propuesto la creación de una mesa de trabajo técnica. El objetivo será buscar alternativas que cumplan con los protocolos del Gobierno Nacional para acceder a cofinanciación, dado que los estudios actuales no cumplen con las exigencias del FFIE y el municipio solo dispone de 17.000 millones de pesos asegurados mediante un cupo de endeudamiento.
La pregunta que queda por responder es, ¿si hay cupos en otros colegios, porqué el municipio se tiene que gastar esa enorme suma de dinero en un solo colegio?, teniendo en cuenta que ya se les ofreció la planta física del colegio Braulio Campestre y la rechazaron.
