
En el marco del XXXIX Congreso Nacional Arrocero, realizado en el Hotel Gran Hyatt de Bogotá, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) emitió un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que se restablezca el incentivo al almacenamiento de arroz y se fortalezcan las condiciones de seguridad en las zonas productoras del país.
El evento, que reunió a más de 120 delegados de las principales regiones arroceras, contó con la presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a quien se dirigieron las solicitudes. Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, destacó que el incentivo al almacenamiento, creado hace más de 30 años, sigue siendo fundamental para estabilizar la oferta y garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos.

“Es necesario reactivar este mecanismo para retirar excedentes temporales y mejorar la competitividad del sector. Además, se requiere inversión en infraestructura de riego para contrarrestar la estacionalidad que afecta al sector”, afirmó Hernández.

Asimismo, el dirigente gremial expresó la preocupación del sector frente al incremento de la inseguridad en las zonas rurales, lo cual impacta directamente en la tranquilidad y productividad de los agricultores. Hernández solicitó una mayor capacidad operativa por parte de las fuerzas militares y de policía para recuperar la confianza de los agricultores.
Hernández también destacó los logros del programa Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC), implementado por Fedearroz para incrementar la competitividad frente al arroz importado. En 2023, los lotes que aplicaron AMTEC fueron un 26% más competitivos, logrando un costo promedio de 332 USD por tonelada de paddy seco, en comparación con los 443 USD del arroz importado desde Estados Unidos.
En los últimos dos años, el programa AMTEC realizó 800 eventos de transferencia tecnológica, capacitando a más de 23.000 agricultores en prácticas agrícolas eficientes, manejo de riego, variedades resistentes y adaptación al cambio climático.
El Congreso Nacional Arrocero concluyó con un firme compromiso de los productores de continuar trabajando por la sostenibilidad del sector y mantener el diálogo con el Gobierno para garantizar la estabilidad económica y social de las comunidades agrícolas.