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La comunidad del centro poblado La Guafilla, en el municipio de Yopal, conmemora cuatro años desde la demolición del templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una estructura que no solo representaba un espacio de fe, sino también un referente cultural y turístico para los viajeros que transitaban la vía hacia el municipio de Villanueva.
El abogado y líder comunitario Guillermo Carrero Ibáñez señala que la destrucción del edificio ocurrió en 2021 bajo la gestión de la Concesionaria Vial del Oriente y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para facilitar la construcción de la doble calzada Yopal – Aguazul. Aunque la concesionaria realizó una consignación judicial de 542 millones de pesos por concepto de avalúo y perjuicios, los habitantes han mantenido una posición firme desde el inicio de las negociaciones en 2018: no buscan compensaciones económicas para repartir entre particulares, sino la reconstrucción total del templo en condiciones iguales o superiores a las originales para garantizar su derecho constitucional al culto.
La ausencia del recinto religioso ha transformado las dinámicas sociales y espirituales de la zona, obligando a los creyentes a celebrar actos litúrgicos en el salón comunal del sector.
Este espacio improvisado carece de las adecuaciones necesarias para albergar permanentemente los elementos sagrados, lo que ha provocado un deterioro progresivo en las imágenes y objetos religiosos debido al constante traslado y almacenamiento precario tras cada eucaristía.
Para los pobladores, la iglesia funcionaba como un hito de arraigo que marcaba la llegada a su territorio, un punto estratégico donde los conductores tradicionalmente solían persignarse al transitar entre Aguazul y Yopal.
A pesar de las promesas realizadas a mediados del año pasado por altos funcionarios del Ministerio de Transporte y la presidencia de la ANI ante las comisiones sexta y séptima del Senado, la comunidad denuncia un silencio absoluto por parte de las entidades responsables.
Carrero Ibáñez advierte que la paciencia de los habitantes se ha agotado tras cuatro años de gestiones infructuosas y que contemplan iniciar una acción de cumplimiento para que el Estado acate lo pactado. Asimismo, los líderes locales han manifestado que sentarán una posición de rechazo frente a la puesta en marcha del peaje en la zona, condicionando cualquier acuerdo a que se cumplan las actas firmadas donde se comprometió la reposición de la infraestructura.
El problema se agrava por la falta de predios disponibles con uso de suelo institucional en el sector, lo que impide que la comunidad pueda emprender la reconstrucción por sus propios medios en un lugar estratégico.
