
Las investigaciones en torno al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) revelaron la presunta implicación de la senadora Berenice Bedoya en la gestión irregular de contratos, particularmente uno relacionado con obras en el departamento de Casanare. Las acusaciones provienen del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien ofreció detalles de sus encuentros y comunicaciones con las senadoras Bedoya y Peralta a la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el testimonio de López, la senadora Martha Peralta actuó como intermediaria para la senadora Berenice Bedoya en la identificación y gestión de contratos de interés ante la Ungrd. El exdirector afirmó que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le solicitó que se pusiera a disposición de Peralta y la apoyara en sus requerimientos.
En una reunión donde ambos funcionarios y las dos senadoras estuvieron presentes, se habría presentado la solicitud de ayuda para la adjudicación de un contrato. López describió cómo se le mostró un contrato en un teléfono celular y se le pidió directamente su intervención para asegurar su aprobación.
La conexión específica con Casanare se materializó, según López, a través de comunicaciones directas con la senadora Berenice Bedoya. El exfuncionario declaró ante la fiscal que Bedoya le envió el 13 de junio un proyecto de contrato para Casanare, específicamente para el municipio de Aguazul, destinado a atender las afectaciones del cauce del río Únete. Este documento habría sido radicado previamente en la Ungrd.
La fiscalía preguntó a López la razón detrás de la solicitud de estos contratos, a lo que el exdirector respondió que se encontraba en medio de la discusión de la reforma pensional y que la instrucción era ponerse a disposición de la senadora Peralta. En este contexto, López interpretó que la gestión de estos contratos buscaba «tener satisfecho a los congresistas para que votaran en la comisión».
Estas acusaciones se suman al ya amplio escándalo de corrupción en la Ungrd, que involucró el direccionamiento de contratos y la desviación de considerables sumas de recursos públicos, afectando a poblaciones vulnerables en diversas regiones del país.