Multa de 350 millones y orden de demolición para clan Torres por urbanismo ilegal en Yopal.
Claudia Villada 
El corregidor de El Charte, Cesar Julián Lugo Molina, profirió un fallo de primera instancia que de nuevo pone en evidencia la fallas en el panorama inmobiliario de la región, al declarar infractora a la firma INDECO S.A.S.
La decisión administrativa recae directamente sobre Linda Isabel Torres Zubieta, quien actúa como representante legal de la compañía y es señalada como la responsable de adelantar intervenciones urbanísticas sin contar con los permisos exigidos por la ley.
Esta sanción adquiere un matiz particular en el contexto local debido a que la procesada es familiar cercana de un exalcalde de Yopal que en el pasado fue destituido y condenado precisamente por el delito de urbanizador ilegal, una vinculación que resuena en la opinión pública aunque no conste de forma explícita en los expedientes técnicos.
La investigación que condujo a esta determinación reveló que en el predio denominado La Manareña se ejecutaron movimientos de tierra, apertura de vías y levantamiento de muros de concreto en un área protegida de bosque de sabana.
Los informes de la Secretaría de Planeación Municipal confirmaron que el proyecto, que según la defensa involucraría a miles de socios o familias, no tiene licencia de urbanismo vigente y se sitúa en una zona donde el Plan de Ordenamiento Territorial prohíbe tajantemente este tipo de desarrollos habitacionales.
A pesar de que existía una orden previa de suspensión de actividades fechada en octubre de 2025, y el conocimiento explícito de que se trataba de una zona forestal protegida, las visitas técnicas evidenciaron que las obras continuaron de forma desafiante ante la autoridad policiva local.
Como consecuencia de estas faltas graves contra la integridad urbanística, el despacho del corregidor impuso una multa especial que asciende a los trescientos cincuenta millones de pesos.
Además de la medida de tipo financiero, la resolución ordena la demolición total de las estructuras construidas y prohíbe a las empresas de servicios públicos realizar nuevas conexiones en el terreno afectado hasta que se normalice su situación legal, debiendo ser demolida o retirada dicha infraestructura también.
El fallo también desvinculó de responsabilidad a otras entidades inicialmente vinculadas al proceso, como el INPEC, puesto que al parecer, dentro de los terrenos ofertados a los presuntos socios, se incluían dos predios de propiedad del Instituto Penitenciario, y que se estableció que son víctimas de las acciones del clan Torres, centrando toda la carga sancionatoria en la gestión de la empresa representada por Isabel Torres.
El caso se encuentra actualmente en una etapa de definición jurídica definitiva tras el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa sancionada.
Mientras la Alcaldía de Yopal resuelve esta instancia, queda en evidencia la complejidad de los proyectos inmobiliarios en predios como La Manareña, los cuales a menudo se promocionan entre la ciudadanía sin advertir sobre embargos, hipotecas millonarias o la falta absoluta de soportes legales que garanticen la inversión de los compradores.
Peor aún, como en este caso, que los predios ni si quiere podían ser ofertados por estos particulares, ya que son de propiedad del estado.
Esta situación pone en alerta a los inversionistas que buscan un patrimonio en Casanare, recordándoles la importancia de verificar la legalidad de cada lote y el cumplimiento de los requisitos de ley, antes de entregar sus ahorros.
