Crónica de un Endeudamiento, El Laberinto Jurídico y Fiscal que enfrenta la Administración de Yopal

La administración de Yopal, bajo el liderazgo del alcalde Marco Tulio Ruiz, se encuentra en una encrucijada que está llevando su gestión y la del actual Concejo Municipal,  a una compleja controversia jurídica y financiera a raíz de un proceso de endeudamiento que ha mutado en su propósito y enfrenta serios cuestionamientos legales.

A continuación, se presenta la relación cronológica de los hechos basada en los registros y actos administrativos, tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal:

Relación Cronológica de los Hechos

Noviembre de 2024: El Origen del Crédito El Concejo Municipal de Yopal aprobó el Acuerdo 028 de noviembre de 2024 (basado en el proyecto radicado 036), el cual autorizó un endeudamiento por más de 107 mil millones de pesos. Inicialmente, los recursos tenían dos destinos principales: la construcción del nuevo Centro Administrativo Municipal (CAM) por aproximadamente 90,500 millones de pesos y la construcción de la sede del colegio Centro Social con un aporte de 17,000 millones de pesos.

Enero – Marzo de 2025: El Fracaso del Proyecto CAM A principios de 2025, la administración intentó tramitar la licencia de construcción para el CAM ante la Curaduría Primera de Yopal. Sin embargo, el proyecto enfrentó obstáculos insalvables: un concepto negativo de la Aeronáutica Civil por la altura de la edificación y la inviabilidad del uso de suelo, ya que el Parque del Resurgimiento es un área protegida. El 26 de marzo de 2025, el municipio desistió voluntariamente de la solicitud de licencia tras las denuncias de irregularidades.

Abril de 2025: Primera Demanda y Alerta Fiscal El concejal Dumar Montaña interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Casanare buscando la nulidad del Acuerdo 028. Montaña argumentó «vicios en materia de POT» y un grave riesgo económico, señalando que el endeudamiento total del municipio, sumando deudas anteriores, podría alcanzar los 290 mil millones de pesos con intereses hasta el año 2036.

Mayo de 2025: Cambio de Rumbo del Dinero Ante la imposibilidad de construir el CAM, el alcalde Marco Tulio Ruiz anunció que radicaría un nuevo proyecto para cambiar el destino de los recursos hacia la pavimentación de la malla vial de la ciudad, compra de maquinaria amarilla y busetas escolares. La oposición cuestionó esta decisión, señalando que el acuerdo original carecía de planeación y bases técnicas.

Abril de 2026: La Encrucijada del Centro Social La construcción del colegio Centro Social se convirtió en un nuevo foco de conflicto. El proyecto se apoyaba en el Acuerdo 017 de 2014, el cual fue declarado nulo en primera instancia por un juez debido a problemas con el uso del suelo del predio entregado para la construcción de la nueva sede. Los concejales se vieron atrapados entre la presión de la comunidad educativa y el riesgo de incurrir en ilegalidades si aprobaban la inversión en un terreno no apto según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Mayo de 2026: Audiencias y Medidas Cautelares El 25 de mayo de 2026, se llevó a cabo la primera audiencia en el Juzgado 01 Administrativo de Yopal por la demanda de Montaña. En esta etapa, el demandante solicitó una nueva medida cautelar para congelar los recursos, argumentando un «posible riesgo fiscal». Este riesgo se fundamenta en que el impuesto predial, que respalda la deuda, depende de una actualización catastral realizada por la empresa Catasig, la cual ha sido cuestionada por la Superintendencia de Notariado y Registro y enfrenta múltiples demandas que podrían obligar al municipio a devolver dineros a los ciudadanos.

Análisis de Posibles Consecuencias Jurídicas y Disciplinarias

De acuerdo con las fuentes consultadas, los funcionarios involucrados (tanto del Ejecutivo como del Concejo Municipal) enfrentan diversos riesgos legales:

1. Responsabilidad Penal (Prevaricato): Los concejales que aprueben proyectos de inversión o cambios de uso de suelo que contradigan las normas superiores o el POT vigente, como en el caso del Centro Social o el CAM, podrían ser procesados por prevaricato por acción. Se advierte que modificar usos de suelo mediante proyectos individuales está prohibido por la ley colombiana.
2. Responsabilidad Fiscal (Detrimento Patrimonial): Si el crédito de 107 mil millones de pesos se desembolsa y genera intereses sin que las obras puedan ejecutarse por falta de planeación o licencias, se configuraría un detrimento patrimonial. La administración ya ha sido señalada por presentar certificaciones de viabilidad técnica y jurídica de proyectos que, según oficios posteriores, ni siquiera estaban formulados.
3. Responsabilidad Disciplinaria (Falsa Motivación y Falta de Planeación): La Procuraduría podría investigar a los funcionarios por falsa motivación en los actos administrativos que sustentaron el endeudamiento. Asimismo, la evidente «falta de planeación» al proponer una sede administrativa en un área protegida y con restricciones aeronáuticas constituye una falta grave en la gestión pública.
4. Nulidad de Actos Administrativos: El Acuerdo 028 y los actos derivados enfrentan una alta probabilidad de ser anulados judicialmente, lo que dejaría al municipio con compromisos bancarios pero sin el soporte legal para utilizar los recursos o recaudar los impuestos pignorados de manera segura.

De acuerdo a esta información, es posible que ni siquiera la nueva destinación que el alcalde Marco Tulio Ruiz quiere darle al empréstito, se pueda dar, ya que según lo expuesto en la denuncia del concejal Montaña, en la actualidad presuntamente no hay respaldo económico para sufragar dicha deuda, incluso el concejal manifestó que advirtió a las entidades bancarias mediante oficio, de que en caso de que aprobaran el desembolso de dicho préstamo este no tendría suficiente respaldo.

Y es que la administración en su lucha por solucionar el tema Catasig, y desvirtuar la información entregada por dicha empresa y que ha generado tanta polémica, se habría dado “Un tiro en el pié” para poder respaldar la deuda, al no contar con una proyección de recaudo suficiente, hasta tanto no se realice una nueva actualización catastral en todo el municipio.