De las denuncias del General Sanabria a la presunta infiltración del Clan del Golfo en la Policía de Casanare.
Claudia Villada 
Colombia enfrenta una profunda sacudida institucional tras las revelaciones del General en retiro Henry Sanabria, quien denunció una presunta política deliberada para debilitar la inteligencia nacional en favor de los procesos de paz.
Según el exdirector de la Policía, esta estrategia incluyó la revocación de nombramientos de oficiales clave en direcciones operativas y presiones desde la Casa de Nariño para cuestionar el uso de la fuerza en procedimientos específicos. El panorama se agrava con una reducción drástica del pie de fuerza, que pasó de 459.695 efectivos en 2021 a 402.228 en 2025, sumado a la salida de casi 80 generales y almirantes desde el inicio del actual mandato.
Esta inestabilidad de mando y los cuestionamientos sobre la integridad de la inteligencia han encontrado un eco directo y preocupante en el departamento de Casanare. La región no ha sido ajena a estas maniobras, viéndose envuelta en episodios que sugieren una fractura en la seguridad local, similar a las hipótesis de confabulación para permear los organismos de control a nivel país.
El departamento ha sido escenario de las denuncias sobre infiltración y represalias internas, que cobran rostros y nombres propios.
Uno de los hechos más protuberantes vinculados a esta crisis, es la captura de alias Maestro, un presunto colaborador logístico del Clan del Golfo bajo el mando de alias Topo. Investigaciones extraoficiales señalan que esta estructura criminal logró infiltrar los altos mandos policiales en Casanare, estableciendo incluso vínculos personales con oficiales de alto rango.
Lo que más inquieta a la opinión pública es que los investigadores encargados de recolectar las pruebas contra estos grupos fueron trasladados o desvinculados de sus unidades, una medida interpretada como una represalia interna para proteger intereses brumosos dentro de la institución.
A este complejo panorama se suma el escándalo administrativo que involucra a la cúpula policial del departamento por la filtración de documentos reservados. El Coronel Edwin Olarte, quien se desempeñaba como subcomandante del departamento de Policía Casanare y provenía de una de las unidades especiales de la propia DIJIN, fue llamado a calificar servicios tras denunciar que sus credenciales informáticas fueron utilizadas sin su permiso para descargar oficios de documentos reservados con marcas de agua a su nombre y filtradas indebidamente a la prensa.
Olarte señaló que esta acción fue presuntamente ordenada por el entonces comandante del departamento, Coronel Giovanny Barrero, lo que derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía por el uso indebido de sistemas de información.
La confluencia de estos factores dejó en su momento a Casanare en un entredicho, subrayando que los protagonistas de estos hechos, en su mayoría, ya no laboran en la región.
Mientras a nivel nacional se discute el desmantelamiento de la experiencia táctica en la fuerza pública, en el territorio se evidenció una crisis de mando que poso en duda la efectividad de la seguridad ciudadana. El impacto de este posible escándalo nacional en la región puso en evidencia la fragilidad de un sistema de inteligencia que, según las denuncias, fue vulnerado desde sus propias bases jerárquicas durante el cuestionado mando del coronel Barrero.
