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El futuro de la propiedad rural en Colombia se encuentra en el centro de un intenso debate nacional. Por un lado, el presidente Gustavo Petro defiende la implementación del catastro multipropósito como una herramienta esencial de justicia social y un compromiso ineludible de Estado; por el otro, expertos técnicos como el ingeniero Robinson Macías advierten sobre fallas estructurales que podrían llevar la política al abismo.
Desde su perspectiva, el presidente Petro ha sido enfático en que el catastro multipropósito no es una iniciativa aislada, sino una orden derivada del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.
Según el mandatario, este compromiso fue entregado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como una declaración unilateral de Estado, lo que lo hace obligatorio.
El objetivo central, según Petro, es corregir la inequidad tributaria: que los grandes terratenientes improductivos paguen impuestos sobre la tierra para financiar servicios básicos como educación, salud y agua potable en los municipios más necesitados. El presidente denunció que existe un «engaño» por parte de la oposición, aclarando que mientras la base del impuesto (el avalúo) sube por la actualización catastral, la tasa es definida por los concejos municipales, a quienes instó a bajar las tarifas para los campesinos y subirlas para los predios ricos.
Sin embargo, esta visión política choca con la realidad operativa descrita por Robinson Macías Acevedo, ingeniero catastral y geodesta.
En una respuesta directa al mandatario, Macías aseguró que el catastro multipropósito en Colombia «está fracasando» debido a graves deficiencias en el elemento técnico.
La principal preocupación de Macías radica en la falta de supervisión sobre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los gestores catastrales. «¿Quién valida y certifica que lo que dice el IGAC está bien o está mal hecho?», cuestionó el experto, señalando que, si los avalúos están mal elaborados desde su origen, la equidad tributaria prometida por el gobierno es imposible de alcanzar.
Para el ingeniero, aunque los concejos municipales tengan la facultad de establecer tarifas, un avalúo erróneo condena al ciudadano a una carga injusta. Macías hizo un llamado urgente al presidente para «poner en cintura» a las autoridades catastrales y asegurar que la política se analice a profundidad, advirtiendo que el país está al borde de una situación «bastante compleja» si no se garantiza un catastro técnicamente sólido.
Mientras Petro ve en el catastro el motor de una transformación social para que la «renta cocainera» deje de inflar los precios de la tierra fértil, los técnicos exigen calidad y rigor. El éxito de esta política dependerá de si el gobierno logra conciliar su ambicioso discurso de paz con la necesidad de una ejecución técnica que hoy, según los expertos, brilla por su ausencia.
