Impuesto predial en Yopal, en el Concejo Municipal se vivió un nuevo capítulo de esta novela.
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El Concejo de Yopal adelantó una sesión de control político a las secretarías de Planeación y Hacienda para evaluar las irregularidades en la actualización catastral ejecutada por el operador Catasig.
Durante el debate, el concejal Leonardo Infante señaló que la base de datos entregada por la entidad presenta fallas técnicas profundas que bloquean la liquidación correcta del impuesto predial. El cabildante aclaró que el sistema de plataforma Universo no presenta fallas operativas, sino que la información suministrada por el gestor catastral está incompleta y plagada de inconsistencias que aún no han sido resueltas.
La situación ha generado una brecha alarmante entre los avalúos oficiales y la realidad financiera de los hogares. Infante documentó casos donde el valor catastral triplica el valor comercial de las viviendas, citando ejemplos de familias en sectores como el barrio Bicentenario o el centro de la ciudad.
En un escenario específico, una propiedad con una oferta comercial de 700 millones de pesos recibió un avalúo de 3.000 millones, lo que crea una riqueza ficticia en el papel. Esta distorsión afecta a más de 59.000 predios urbanos y amenaza con desplazar a miles de contribuyentes del Sisbén, eliminando su acceso a beneficios estatales al convertirlos legalmente en propietarios de patrimonios inexistentes.
La gestión del operador ha sido objeto de fuertes cuestionamientos debido a la calidad de sus respuestas ante las reclamaciones ciudadanas. Los usuarios denuncian que las resoluciones entregadas parecen ser documentos genéricos procesados mediante un sistema de copiado y pegado que no atiende las particularidades de cada caso.
A esto se suman problemas técnicos severos como matrículas inmobiliarias cruzadas y registros de áreas construidas de 700 metros cuadrados en lotes que apenas alcanzan los 90 metros. Aunque la administración municipal logró frenar la actualización en el sector rural para evitar un descalabro mayor, el casco urbano permanece sumergido en una incertidumbre jurídica que el aparato judicial no ha logrado resolver con prontitud.
En términos financieros, el municipio ha mantenido una postura de prudencia respecto a las proyecciones de recaudo para el presente año. Infante explicó que el impuesto predial no es el principal motor de los ingresos corrientes de libre destinación, lugar que ocupa el impuesto de industria y comercio.
Esta estructura fiscal ha permitido que la administración tome decisiones con cautela en lugar de apresurarse a emitir cobros que podrían ser nulos. Sin embargo, el mercado inmobiliario local padece las consecuencias directas de este estancamiento, ya que la imposibilidad de obtener paz y salvos detiene procesos de escrituración y ventas, afectando la dinámica económica de toda la región.
El conflicto ha escalado al terreno penal y administrativo, con acciones populares y de nulidad que buscan vincular a todos los actores involucrados en la contratación del gestor.
Mientras la justicia determina la validez de las medidas cautelares solicitadas, los ciudadanos enfrentan la dificultad de no poder cumplir con sus obligaciones tributarias debido a la falta de recibos consistentes.
La administración municipal insiste en que no recibirá información que carezca de rigor técnico, mientras que el operador ha manifestado su intención de retirarse del proceso, una salida que las autoridades supervisoras han condicionado a la subsanación total de los errores detectados en la base de datos de Yopal.
